Familiares y simpatizantes solicitan la intervención de la ONU, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, FIDH, la Cruz Roja Internacional y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos

Salvador (Bahía, Brasil) – Un conjunto de denuncias relacionadas con las condiciones de reclusión del exdiputado federal Uldurico Alencar Pinto en el Complejo Penitenciario Masculino de Salvador será remitido a algunas de las instituciones de defensa de los derechos humanos más importantes del mundo.

Familiares, simpatizantes y representantes de organizaciones dedicadas a la protección de los derechos fundamentales afirman que existe una creciente preocupación por la integridad física y psicológica del exparlamentario, señalando presuntos episodios de agresiones, hostigamientos y riesgos para su seguridad dentro de la unidad penitenciaria.

Según los denunciantes, el caso requiere un seguimiento independiente e inmediato por parte de organismos nacionales e internacionales, dada la gravedad de las alegaciones y la necesidad de garantizar el respeto de los principios establecidos por la Constitución Federal de Brasil, la Ley de Ejecución Penal y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el país.

La empresa privada Socializa Brasil, responsable de la gestión del Complejo Penitenciario Masculino de Salvador (CPMS), donde se encuentra recluido el exdiputado, administra además otros cuatro complejos penitenciarios y recibe importantes recursos públicos debido a la magnitud de sus responsabilidades. Según los denunciantes, la gran cantidad de personas privadas de libertad bajo su administración podría verse expuesta a intereses políticos y partidarios en un contexto de intensa polarización electoral en Brasil.

Los simpatizantes sostienen que el padre del recluso es precandidato a diputado federal por la alianza REDE–PSOL, considerada adversaria política de grupos presuntamente vinculados a Socializa Brasil. Afirman además que los propietarios de la empresa mantendrían relaciones ideológicas y personales con actores políticos opuestos a la familia del detenido, motivo por el cual consideran que el exdiputado se ha convertido en un preso político de sus adversarios. A su juicio, se trata de una situación extremadamente grave y de consecuencias imprevisibles.

SOLICITUD DE INTERVENCIÓN INTERNACIONAL

Entre los organismos que recibirán informes y solicitudes de seguimiento figuran:

* Amnistía Internacional;
* Human Rights Watch;
* Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH);
* Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR);
* Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas;
* Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH);
* Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH);
* Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Los documentos tienen como finalidad solicitar monitoreo, análisis independiente y, en su caso, la adopción de medidas destinadas a proteger la integridad física y psicológica de la persona privada de libertad, así como verificar las condiciones generales de reclusión dentro del establecimiento penitenciario.

PREOCUPACIÓN POR LA INTEGRIDAD FÍSICA Y PSICOLÓGICA

Los simpatizantes afirman que las denuncias no se limitan a la situación individual del exdiputado.

Según ellos, el caso plantea interrogantes más amplios sobre el trato dispensado a las personas privadas de libertad, especialmente cuando existen denuncias de violencia, vulnerabilidad emocional o necesidad de atención médica especializada.

Los defensores de una investigación sostienen que cualquier denuncia relacionada con posibles violaciones de derechos fundamentales debe ser examinada por organismos independientes para garantizar transparencia y credibilidad.

ANTECEDENTES EN LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

Los simpatizantes destacan además que Uldurico Alencar Pinto preside el Instituto de Defensa de los Derechos Humanos (IDIREI), entidad que, según sus integrantes, ha desarrollado actividades de supervisión y acompañamiento en centros penitenciarios de distintas regiones del estado de Bahía.

Señalan que las autorizaciones para ingresar a los establecimientos penitenciarios contaban con respaldo legal en el artículo 68 del Estatuto Penal, que concede a los directores de prisión la facultad de autorizar visitas según su criterio.

De acuerdo con miembros de la institución, el trabajo desarrollado a lo largo de los años incluyó denuncias sobre condiciones carcelarias, asistencia a personas privadas de libertad y seguimiento de casos considerados sensibles desde la perspectiva de los derechos humanos.

Para los defensores del exparlamentario, estos antecedentes refuerzan la necesidad de que las denuncias actuales sean analizadas con rigor, imparcialidad e independencia.

TAMBIÉN SE MENCIONA EL CASO DE JONEUMA NERES

Entre los asuntos señalados por los simpatizantes figura la situación de la interna Joneuma Neres.

Según relatos presentados por personas vinculadas al caso, la reclusa habría sufrido un intenso sufrimiento emocional durante su encarcelamiento, circunstancia que, según los denunciantes, requería atención médica y psicológica especializada.

Los defensores de los derechos humanos argumentan que las mujeres privadas de libertad, especialmente aquellas que tienen hijos pequeños, merecen una protección especial por parte del Estado, de conformidad con los principios humanitarios previstos en la legislación brasileña y en los tratados internacionales.

Asimismo, sostienen que ciertos testimonios presentados en el caso evidenciarían que el exdiputado no ocupaba cargo público en el momento de los hechos, no era traficante de drogas y mantenía contacto con distintas facciones criminales sin pertenecer a ninguna de ellas. Según los denunciantes, miembros de organizaciones rivales normalmente no cooperan entre sí debido a las fuertes rivalidades que suelen generar motines, huelgas internas y hechos violentos.

Los denunciantes también afirman que el Ministerio Público pudo haber sido inducido a cometer un grave error de apreciación, lo que eventualmente podría llevar determinados aspectos del caso a ser revisados por tribunales nacionales e internacionales.

Mencionan igualmente la situación de una madre con graves problemas psiquiátricos que permanecía encarcelada junto a una hija recién nacida en una prisión de Itabuna, mientras su otra hija adolescente permanecía sola en la ciudad de Teixeira de Freitas, a más de 400 kilómetros de distancia y presuntamente expuesta a importantes riesgos.

Según información citada por los simpatizantes, existirían reportes de intentos de quitarse la vida debido a presiones ejercidas por personas que debían garantizar sus derechos como mujer y madre.

También sostienen que las mismas autoridades encargadas de la obtención de su declaración estuvieron vinculadas a decisiones que rechazaron su solicitud de prisión domiciliaria, supuestamente en contradicción con orientaciones del Consejo Nacional de Justicia de Brasil (CNJ).

Además, cuestionan la ausencia de informes psiquiátricos en los expedientes judiciales, pese a la aparente participación de profesionales de salud mental durante el proceso.

LLAMAMIENTO A LA TRANSPARENCIA Y A LA FISCALIZACIÓN

Los denunciantes afirman que no buscan privilegios ni trato preferencial, sino el respeto de los derechos garantizados a toda persona privada de libertad.

Por ello, defienden la realización de inspecciones independientes por parte de organismos de control, representantes de la abogacía, la Defensoría Pública, el Ministerio Público, consejos de derechos humanos y demás instituciones competentes.

Según los simpatizantes, la transparencia constituye el camino más seguro para esclarecer los hechos, proteger los derechos fundamentales y fortalecer la confianza de la sociedad en las instituciones responsables de la administración de justicia y del sistema penitenciario.

Hasta el momento, las alegaciones continúan siendo objeto de denuncias pendientes de investigación por parte de las autoridades competentes, sin que exista una conclusión oficial sobre los hechos relatados.